Curitiba, Brasil, febrero 02 de 2010.
*MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNANDEZ*
*SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN*
*DISTINGUIDO MINISTRO:*
Hemos conocido con asombro la acción de inconstitucionalidad interpuesta porla Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, atendiendo a lo que establecen los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales fueron aprobadas el 21 de diciembre de 2009 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ratificadas por el Jefe de Gobierno el 29 de diciembre de 2009.
Queremos manifestar nuestra preocupación dado que las reformas en comento son respuesta a un largo proceso de demanda de un conjunto de organizaciones sociales en demanda de su protección y son acordes al principio constitucional de México por la no discriminación. Además de que afirman el espíritu de equidad e igualdad, contemplados en la declaración de derechos humanos, así como los tratados internacionales, ratificados por México en su compromiso por garantizar la seguridad, salud y dignidad de todas las personas.
La población gay, lésbica, trans e intersex, como la población en su conjunto, participa activamente en todos los espacios sociales, en ese sentido históricamente, forma parte de la ciudadanía en cada país y ha contribuido, en la definición de la sociedad que hoy tenemos. Limitarle sus derechos en cualquier sentido significaría un acto discriminante que obstaculiza su pleno desarrollo. Su reconocimiento legal, implicaría entonces, homologar legalmente sus derechos a aquellos con los cuenta toda
la sociedad.
Queremos así exhortar a desechar el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Procuraduría General de la República, en detrimento de toda la sociedad, lo cual, además de incumplir con la Constitución Política vigente, ignora los distintos compromisos internacionales que tiene que garantizar. Sabemos que el avance en el reconocimiento de derechos para las personas discriminadas, exigen de la voluntad política para garantizarlos, y que esto no siempre es fácil; no obstante, al final este reconocimiento legal se traduce en mejores condiciones de vida y de convivencia. Por ello pretender cuestionar derechos conquistados, pone en un grave riesgo a toda la ciudadanía.
Sabemos de su compromiso con los temas de justicia y de derecho, lo que sin duda, hará que deseche una petición infundada que pretende impedir el derecho a la igualdad, la equidad y la dignidad de todas las personas.
*Asamblea General V Conferencia Regional ILGA LAC, Curitiba, Brasil.*
*30 de enero de 2010*
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