Colectivo Udiversidad A.C.: Los tres asesinatos de Marisela Escobedo Ortiz

Por Ernesto Reséndiz Oikión*

El pasado jueves 16 de diciembre fue asesinada la mamá Marisela Escobedo Ortiz a las puertas del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua. Ella sabía que la masacrarían sin piedad, apenas la semana pasada había dicho a sus compañeras: “Si me matan, que lo hagan frente a palacio de gobierno, para que les dé vergüenza.” Madre coraje. A Marisela ya le habían arrebatado la vida dos veces, con saña.

La primera muerte de Marisela ocurrió en 2008 cuando Sergio Rafael Barraza Bocanegra –su yerno- mató a su hija Rubí Marisol Frayre, de 16 años. ¡Asesino! Y Marisela supo que aunque las habían matado a ella y a su hija, tenía que luchar por la justicia de Rubí en Ciudad Juárez, donde han sido exterminadas 300 mujeres desde 1993. Entonces se hizo heroína en tierra de asesinos. Al igual que la señora Isabel Miranda de Wallace, Marisela Escobedo salió a las calles a encontrar las pistas que el ministerio público nunca buscó, a realizar el trabajo que las autoridades nunca hicieron. Y su investigación, que realizó con sus recursos económicos tan escasos y sus energías y amor infinitos, rindió un fruto yermo, porque encontró a Barraza Bocanegra, miembro del cártel de Los Zetas, oculto en Fresnillo, Zacatecas. Y lo sentó frente a un tribunal.

La segunda muerte de Marisela ocurrió cuando los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vásquez, Rafael Boudib Jurado y Catalina Ochoa Contreras dejaron en libertad a Sergio Barraza, a pesar de que éste es un criminal confeso. ¡Asesinos! Y el homicidio de Marisela fue estrujante. Milenio Televisión difundió el video del juicio de la ignominia. Marisela Escobedo grita de rabia, de impotencia, de indignación, ante los tres corruptos y deshumanizados jueces.

La tercera muerte, la definitiva, fue registrada por una cámara de seguridad. Un sujeto hasta ahora desconocido de aproximadamente 30 años de edad, de entre 1.70 y 1.75 metros de estatura, complexión robusta, tez morena y cabello negro corto, se baja de un carro, dispara contra Marisela y falla. Ella huye de la plaza Hidalgo, donde se mantenía en protesta por la falta de justicia. Atraviesa la calle y allí a las puertas del gran palacio cae acribillada. “Bastaron 20 segundos para acallar 27 meses de lucha”, dice Gabriela Minjáres en la página electrónica de El Diario de Juárez.

El escalofriante video impactó a la opinión pública al día siguiente. Ese viernes 17 de diciembre, Carmen Aristegui en su noticiero radiofónico nos informó a sus radioescuchas durante todo el programa hasta que del miedo mutuo pasamos a la desolación total. Hasta que el dolor se nos volvió impotencia cuando escuchamos a Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, a quien se le quebró la voz, después de decir que la muerte de Marisela Escobedo es un crimen de Estado. Lucha Castro brindó asesoría legal a Marisela, quien se convirtió en amiga y activista por los derechos humanos en este país devastado.

A medio día Aministía Internacional (AI) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México (ONU-DH) condenaron el crimen. El escándalo dio la vuelta al mundo y el gobierno mexicano quedó exhibido nuevamente ante la ausencia del estado de derecho mentado. El secretario ejecutivo de relaciones públicas e institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Manuel Corral, también se pronunció en contra y advirtió que la violencia extrema ha llegado a un punto “que a todos nos afecta”. En la noche la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades una investigación eficaz.

La reacción más enérgica y unánime vino de decenas de organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos de las mujeres que protestaron tanto en Juárez como en el Distrito Federal. Francisca Galván, de la organización Defensora de los Derechos Humanos Paso del Norte, Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, también denunciaron que el asesinato de Marisela Escobedo es un crimen de Estado.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Andrea Medina Rosas, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, demandaron que el procurador Arturo Chávez Chávez y el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, demuestren su compromiso contra los feminicidios.

Alejandra Sepúlveda, de la organización feminista Pan y Rosas, pidió que se tomen medidas para el cuidado de la hija de Rubí, “que hoy queda por segunda vez huérfana”. A la bebé le mataron a su madre y a su abuela. ¿Qué será de ella? En Ciudad Juárez las activistas colocaron el nombre de Marisela Escobedo Ortiz en un nuevo clavo puesto en el memorial de las mujeres exterminadas y se declararon en alerta máxima porque ocho activistas están amenazadas de muerte y no tienen protección, entre ellas Evangelina Arce, vicepresidenta del Comité Independiente de Chihuahua Pro Derechos Humanos, a quien en 2006 le mataron a su nieto Ángel Octavio Atayde Arce, hijo de Silvia Arce, desaparecida en 1997 por integrantes de la extinta Policía Judicial Federal junto con Griselda Mares (según información de La Jornada, 19 de diciembre).

Una voz, un solo grito desesperado claman cientos de luchadoras: “¡No más violencia contra las mujeres!” “¡Si tocan a una, nos tocan a todas!” Isabel Miranda de Wallace exigió a las autoridades medidas de protección para los deudos de Marisela. No le hicieron caso. Y el sábado 18 de diciembre un grupo de 10 sicarios irrumpió en la maderería propiedad de José Monge Amparán, pareja sentimental de Marisela Escobedo, roció gasolina en el negocio y le prendió fuego. Además, secuestraron y asesinaron a su hermano Manuel Monge. Manuel Monge fue asfixiado, según informó la Fiscalía General del Estado.

Mientras escribo estas líneas termina el domingo 19 de diciembre, querido lector, desconozco el final trágico de este infierno. El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, debe renunciar ante el crimen de Estado cometido contra Marisela Escobedo Ortiz y los suyos. Por lo visto no descansarán hasta exterminar con sevicia a esta familia. Espero de corazón que no sean asesinados los hijos de Marisela, Alejandro y Juan Manuel Frayre, y su nieta, la hija de Rubí Frayre. Para cuando leas este texto, querido lector, también estará por terminar el terrible año 2011. Que empezó muy mal y acaba peor. México está sumido en un infierno. Como ciudadanos tenemos que encontrar una salida posible a esto, por ahora, el pánico que sentimos no debe paralizarnos. Empezar por denunciar, por hablar, por gritar, por tomar la palabra nos ayudará a expresar el terror que sufrimos. Esta es la intención que me mueve. La palabra es un arma poderosa contra el silencio de la muerte.